En Consejo Constitucional para capítulo del Poder Judicial:Republicanos alistan propuestapara reponer gobierno judicial en Corte Suprema y acotar alcance de fallos

Consejeros del Partido Republicano preparan la presentación de una pro­puesta para el capítulo referente al Po­der Judicial, que establecería cambios respecto del anteproyecto emanado de la Comisión Experta, cuyo diseño fue impulsado por el comisionado Hemán Larraín (UDI), lo que abre un flanco de disputa al interior del Con­sejo Constitucional. Esto, ya que la mayoría de los consti­tuyentes de Chile Vamos estarían ali­neados con lo ya definido sobre la ma­teria, y que, hasta ahora, no había sido objeto de reparos en el Consejo. Pese a ello, debido a la mayoría que detenta el Partido Republicano en la instancia, bastaría que logren el apoyo de un representante de otro conglome­rado para el éxito de su propuesta. El borrador del documento que pre­para el partido liderado por Arturo Squella apunta, entre sus principales modificaciones, a la gobemanza del Po­der Judicial, ya que la propuesta del partido que predomina en el Consejo vuelve a establecer que las funciones no jurisdiccionales estén a cargo de la Corte Suprema, y no de los cuatro órga­nos autónomos que se crearían según el anteproyecto. Así, en su artículo cuarto plantea que «la Corte Suprema tiene la superinten­dencia directiva, correccional y econó­mica de todos los tribunales de la Na­ción. Se exceptúan de esta norma el Tri­bunal Constitucional, el Tribunal Cali­ficador de Elecciones y los Tribunales Electorales Regionales». Y agrega que «esta superintendencia comprende el ejercicio de poderes de supervigilancia respecto de la Acade­mia Judicial, la Corporación Adminis­trativa del Poder Judicial y los fiscales judiciales». El artículo 5°, por ejemplo, añade que la Academia Judicial «coordinará la formación y el perfeccionamiento de los jueces y funcionarios en los conoci­mientos, destrezas y criterios básicos necesarios para el desempeño de sus funciones, así como la habilitación para los tribunales superiores». Evitar burocracia Lo anterior difiere del anteproyecto del texto constitucional, que establece que «para la gobemanza del Poder J udi­cial existirán órganos autónomos encar­gados de los nombramientos de sus in­tegrantes, el ejercicio de las facultades disciplinarias, la formación y el perfec­cionamiento de jueces y funcionarios, así como la gestión y administración del Poder Judicial. Existirá un órgano por cada uno de ellos, los que funcionarán separadamente y de forma coordinada». Al momento de alcanzarse el acuer­do en la Comisión Experta, Hemán La­rraín detalló a «El Mercurio» que «es­tos nuevos órganos autónomos se ha­rán cargo en forma separada tanto de la Corte como de cada uno de los organis­mos creados, evitando la concentra­ción de poder y la superposición de funciones. Es un avance profundo y muy significativo». No obstante, entre los antecedentes que tuvieron a la vista en el Partido Re­publicano para la elaboración del docu­mento, se encuentran opiniones de di­ferentes abogados y académicos espe­cialistas en la materia, como el exminis­tro de la Corte Suprema Pedro Pierry, el abogado Enrique Barros, Eduardo Aldunate, entre otros, donde se identi­fican problemas como una «prolifera­ción excesiva o burocrática de órganos de Gobierno», y una «politización del sistema de nombramiento de jueces».
Sin efecto general Otro punto abordado en el borrador de la propuesta dice relación con el al­cance de las sentencias, estableciendo t::: explícitamente que estas no podrán tener efectos generales, a propósito de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de las isapres. «Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las partes e intervinientes, y en las causas en que actualmente se pronunciaren, sin perjuicio de los casos de excepción que la ley expresamente determine, y del respeto de la debida coherencia en sus fundamentos. La extensión de los efectos de las sentencias a personas dis­tintas de las partes o intervinientes con­figurará notable abandono de debe­res», consigna la propuesta. Además, se establece un cambio res­pecto de la duración de los ministros de la Corte Suprema: estos cesarán en sus cargos al cumplir 20 años en ejercicio, además del límite de edad, que se man­tiene en 75 años. Y se propone que no puedan integrar la misma sala por más de seis años. Sobre este texto, el presidente de la comisión de Función Jurisdiccional del Consejo Constitucional, Antonio Barchiesi, señala que el borrador de su partido, Republicano, «se hace cargo del activismo judicial, que ha sido un problema del que en los últimos años hemos conocido su peor cara. Ade­más, creo que estamos innovando en la dirección correcta respecto del ne­potismo en los nombramientos, al igual que en el ámbito de la prevarica­ción y la disciplina».

Vía El Mercurio

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